Distritos mineros: diversificar no era prohibir toda la minería

La consulta de Minas abrió el 3 de septiembre y anuncia cierre el 18 de septiembre de 2026. El documento pretende retirar resoluciones de delimitación con sus anexos y modificaciones. No son circulares. El artículo 1 contiene quince entradas, aunque algunas noticias hablan de diez y la numeración de la memoria deja dos filas sin número.

Una corrección necesaria: el borrador escribe 40143 de 2025 para Telembí. El acto original es la Resolución 40143 del 3 de marzo de 2026 ↗. Delimita Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán, unas 600.519 hectáreas. La discrepancia debe corregirse; no permite dar por resuelta la identidad jurídica de todos los actos del listado.

El artículo 231 de la Ley 2294 de 2023 ↗ parte de regiones donde ya existen operaciones y proyectos mineros. Combina planificación socioambiental con asociatividad de pequeños mineros, industrialización de minerales estratégicos, nuevas actividades económicas, solución concertada de conflictos y soberanía alimentaria. La reconversión laboral solo aparece «de ser necesaria». La figura buscaba gobernar territorios mineros y diversificar su economía; no ordenaba cerrar toda operación dentro de un distrito.

El Decreto 977 de 2024 ↗ confirma ese diseño. Su componente minero dispone fiscalización de títulos existentes, reserva de áreas para formalización, avance de trámites mineros junto con el licenciamiento ambiental, asociatividad de pequeña minería e industrialización. La delimitación era el punto de partida: debía activar una mesa interinstitucional y un Plan Estratégico de Gestión con componentes minero, ambiental, social, económico, étnico e institucional.

Tener una delimitación no sustituye el título minero, la evaluación ambiental ni las restricciones territoriales aplicables. La Resolución 40577 de 2025 del Bajo Cauca ↗, por ejemplo, remite a las zonas excluidas o restringidas bajo las normas mineras y ambientales: no convierte todo el distrito en zona excluida.

Hay otra precisión documental. Las memorias de MinEnergía 2023–2024 ↗ reportaron, dentro de una estrategia de nueve distritos, tres mecanismos de formalización que beneficiaban a 65 mineros y 184 procesos con unas 1.500 personas en tránsito a la formalización, además de asistencia territorial y acuerdos institucionales. Como la mayoría de las resoluciones que hoy se pretende derogar se expidió después, esas cifras no prueban resultados causados por las delimitaciones. Sí impiden convertir «no se formuló el plan previsto en cada resolución» en la afirmación más amplia de que en los distritos no hubo trabajo público o que su propósito era sacar a los mineros.

Sobre el Congreso Nacional de Minería: medios atribuyeron a la ministra María Nohemí Arboleda la tesis de que los distritos limitaron la actividad y que «nada se ejecutó». La memoria oficial publicada formula una versión más acotada: alega incertidumbre, falta de planes y efectos negativos, pero no identifica en sus trece páginas un título, una solicitud o un proyecto concreto detenido por cada delimitación; además reconoce que títulos, licencias y solicitudes nunca dependieron de esas resoluciones. La cita audiovisual y su contexto completo quedan pendientes de una grabación o transcripción primaria.

Si se expide con este texto, se retirarían los actos territoriales y sus anexos; la ANM tendría treinta días para actualizar sus sistemas. El artículo 4 prevé vigencia al día siguiente de la publicación en Diario Oficial. El proyecto no deroga el artículo 231 ni el Decreto 977: conservaría el marco nacional, aunque desmonte estas aplicaciones territoriales.

Seguirían siendo exigibles las exclusiones ambientales, las reglas sobre páramos y áreas protegidas, los instrumentos de ordenamiento y los requisitos del proyecto concreto. No habría autorización automática para minería. Tampoco basta decir que nada cambia: se retirarían instrumentos de coordinación, planificación y diversificación que necesitan evaluación y, si procede, reemplazo.

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