LECTURA CRÍTICA · EDICIÓN PILOTO

Un título no convierte una versión en la verdad.

Examinamos las afirmaciones del Libro de la Verdad con una regla simple: separar el dato, la inferencia y la retórica. Sin absolver, sin condenar por adelantado.

Documento examinado135 páginasCasos contrastados52 de 82Fecha de corte20 ago. 2026

CONCLUSIÓN INICIAL

El libro parte de alertas reales, pero con frecuencia cruza la frontera entre documentar un riesgo y declarar una culpa.

Nuestro contrapeso no niega los problemas. Exige que el lenguaje tenga el mismo nivel de certeza que la evidencia.

00 / CÓMO LEEMOS

Una escala para no confundir hechos con relato

A

Dato verificable

Una cifra, fecha o acto que aparece en una fuente identificable y consultable.

B

Inferencia razonable

Una conclusión posible, pero no equivalente al dato que la sostiene.

C

Retórica editorial

Palabras que atribuyen intención, culpa o catástrofe sin una prueba del mismo alcance.

D

Vacío de trazabilidad

La afirmación no enlaza el informe, contrato, folio o anexo necesario para reproducirla.

01 / HALLAZGOS

Cincuenta y dos afirmaciones, puestas a prueba

El documento contiene alertas que merecen atención. El problema aparece cuando una alerta, un rezago o un trámite pendiente se presenta como prueba cerrada de una acusación mayor. El catálogo está ordenado por capítulo y número de caso.

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CASO 01 · PÁGS. 26–27NO REPRODUCIBLE

Fondo Mujer: “0,3% ejecutado”

La cifra puede ser cierta para dos adiciones específicas, pero el libro no identifica el registro presupuestal que permitiría comprobarla. La actividad total del Fondo no equivale a la ejecución de esos recursos.

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CASO 02 · PÁG. 27ALERTA VÁLIDA

Hospitales: $2,2 billones condicionados

La asignación a 60 proyectos existió y fue tardía. Pero una vigencia futura condicionada no equivale a dinero perdido: el punto verificable es si cada proyecto cumplió los requisitos antes de obligar y ejecutar recursos.

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CASO 03 · PÁGS. 27–28HECHO + INFERENCIA

Altos cargos: requisitos reducidos

El Decreto 226 sí eliminó requisitos especiales para tres superintendentes. Eso demuestra flexibilización normativa; “favoritismo político” exige analizar nombramientos concretos, no se desprende automáticamente del decreto.

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CASO 04 · PÁGS. 28–29CAUSALIDAD NO PROBADA

UPME: expansión eléctrica aplazada

La red tiene restricciones y proyectos asignados que no se materializaron. El libro no demuestra que tramitar conexiones haya causado el retraso de la planeación: faltan cargas de trabajo, cronogramas y recursos comparables.

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CASO 05 · PÁGS. 29–30SUSTENTO PARCIAL

“DIAN paralizada”

Sí hay retrasos, plataformas obsoletas y una prórroga hasta 2028. Pero “paralizada” no es el hallazgo de los órganos de control: es la conclusión editorial del libro.

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CASO 06 · PÁG. 30ALERTA PREVENTIVA

Escudo antidrones: $6,3 billones

La amenaza y la necesidad de probar los equipos son reales. Pero $6,3 billones era la proyección total y el proyecto seguía en estructuración y pruebas: no era todavía una compra consumada ni un desperdicio probado.

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CASO 07 · PÁGS. 30–31RIESGO SIN MÉTRICA

Plataformas públicas: “al borde del colapso”

SIGEP II, FURAG y SUIT son sistemas críticos y tienen fricciones documentadas. El libro no aporta disponibilidad, incidentes, pérdida de datos ni auditoría técnica que prueben un colapso inminente.

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CASO 08 · PÁGS. 31–32MEZCLA CATEGORÍAS

“El engaño de la reforma agraria”

El rezago registral es real y grave. Pero entrega provisional, título pendiente y registro pleno son estados jurídicos distintos; llamarlos en bloque “engaño” borra esa diferencia.

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CASO 09 · PÁG. 32HECHO PARCIAL

Deuda: “tasas más altas de la historia”

La sobreadjudicación hasta 100% y tasas elevadas son comprobables. No quedan probados, sin series homogéneas ni datos de tenedores, el récord histórico, la concentración causada por esa regla o el detrimento sugerido.

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CASO 10 · PÁGS. 32–33UNIVERSO MAL INTERPRETADO

MinCIT: contratos “sin cerrar”

El volumen exige depuración, pero no todo contrato terminado requiere liquidación. La ley exceptúa en principio los de servicios profesionales; un estado de base no demuestra por sí solo incumplimiento ni dinero sin destinatario.

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CASO 11 · PÁGS. 33–34ABSOLUTO REFUTADO

Equipos Básicos: “ni un resultado”

Minsalud publica inversión, equipos y millones de hogares atendidos, así que “ni un resultado” es falso en sentido operativo. Sigue faltando separar esos productos de una evaluación independiente de impacto sanitario.

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CASO 12 · PÁG. 34MUESTRA MAL LEÍDA

Vivienda: documentos faltantes en SECOP

La Contraloría sí mantuvo un hallazgo por publicación incompleta o tardía. Pero auditó 92 contratos: el “12” del cuadro corresponde a tipos contractuales, no a doce expedientes.

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CASO 13 · PÁGS. 34–35RESPONSABILIDAD ABIERTA

RTVC: adiciones y contratación acelerada

El contrato inicial y su trazabilidad en SECOP son verificables. Las adiciones exigen revisar cada otrosí; el límite general de 50% no decide por sí solo contratos misionales sometidos a régimen privado.

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CASO 14 · PÁGS. 35–36NÚCLEO FUERTE

UNGRD: ejecución y trazabilidad

La suspensión judicial del decreto y los graves antecedentes justifican escrutinio. El 4,3% agregado no es reproducible sin definir si suma UNGRD, Fondo, regalías y proyectos con universos presupuestales distintos.

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CASO 15 · PÁGS. 36–37SUSTENTO FUERTE

FOMAG: fallas y hallazgos fiscales

Las fallas asistenciales están respaldadas por la Procuraduría. La cifra fiscal requiere conservar una precisión clave: un hallazgo con incidencia fiscal no es todavía una condena ni una pérdida definitivamente establecida.

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CASO 16 · PÁGS. 37–38TRAZABILIDAD INCOMPLETA

Transporte: ejecución al 37,3%

El rezago de proyectos rurales está documentado, pero el libro no enlaza la descarga SIIF que reproduce el 37,3% sectorial y mezcla esa cifra anual con un corte parcial de mayo de 2026.

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CASO 17 · PÁGS. 38–39EMBUDO CONFIRMADO

Ciencia regional: aprobación tardía

Al corte solo un proyecto del bienio estaba aprobado y la Procuraduría documentó riesgos. Pero las demás convocatorias tenían propuestas en evaluación: “$3,8 billones congelados” borra ese trámite y sus fechas.

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CASO 18 · PÁGS. 39–40UNIVERSOS DISTINTOS

FonIgualdad: compromiso, SIIF y pagos

La baja ejecución presupuestal merece control. Pero el propio Fondo reporta pagos fiduciarios por $458.540 millones: el “cero pagos” solo puede evaluarse si se identifica el rubro SIIF y se concilia con la ejecución del patrimonio autónomo.

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CASO 19 · PÁG. 40SUSTENTO PARCIAL

EPS intervenidas: “cero resultados”

La escala de afiliados y quejas muestra una crisis grave. “Cero resultados”, sin indicador previo/posterior y sin separar causas del sistema, es una conclusión absoluta que las cifras citadas no demuestran.

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CASO 20 · PÁGS. 40–41COMPARACIÓN NORMATIVA

Casas Colombia frente a consulados

El gasto cultural es real y los consulados reconocen déficit de personal. Compararlos plantea una prioridad política válida, pero no prueba por sí sola ilegalidad, despilfarro ni que una partida pudiera sustituir a la otra.

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CASO 21 · PÁG. 41NÚCLEO CONFIRMADO

Cárceles: obras, pagos y crisis persistente

La auditoría sí documenta incumplimientos materiales, obras sin alcance contractual y fallas de interventoría. Pero $78.493 millones agrupa irregularidades: no todo ese valor equivale automáticamente a pagos por “obras fantasma”.

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CASO 22 · PÁG. 42RETRASO CONFIRMADO

Canal del Dique: obra mayor aplazada

La licencia ambiental no prevista sí extendió la preconstrucción y desplazó las obras mayores. Pero el proyecto no estuvo totalmente paralizado: ANI reporta dragado, mantenimiento y asistencia durante esa fase.

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CASO 23 · PÁGS. 42–43DATO CONFIRMADO

Fonvivienda: 33,31% obligado

La Contraloría confirma el porcentaje y las fallas de planeación. La precisión indispensable es que casi toda la apropiación estaba comprometida: baja obligación y pago significan retraso, no que dos de cada tres pesos hayan desaparecido.

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CASO 24 · PÁG. 43RIESGO, NO CERTEZA

Energía: déficit proyectado y apagón

La estrechez energética, la alta demanda y El Niño justifican medidas urgentes. Pero el 4,4% se atribuye públicamente a Andesco, no a XM, y el costo de 2% del PIB carece aquí de modelo reproducible.

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CASO 25 · PÁGS. 43–44SUSTENTO FUERTE

Centros PotencIA: planeación fallida

MinTIC reconoció que ninguna de las 60 obras comenzó, decidió no prorrogar e inició la liquidación. El libro acierta en el fracaso operativo, pero su “63” mezcla el contrato de 60 centros con componentes distintos.

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CASO 26 · PÁGS. 44–45ABSOLUTO REFUTADO

La Guajira: contratación “sin resultados”

Hay retrasos y el cumplimiento sigue bajo inspección judicial. Sin embargo, la Corte y el ICBF sí publican cobertura, seguimiento y productos: que su impacto sea insuficiente no permite afirmar que no existan resultados verificables.

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CASO 27 · PÁG. 45ALERTA FISCAL ABIERTA

FONIGUALDAD: personal temporal

Los cinco contratos y la advertencia por riesgo patrimonial exigen soportes de resultados. Una advertencia ordinaria no es todavía un hallazgo fiscal definitivo y no demuestra por sí sola uso clientelista.

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CASO 28 · PÁGS. 45–46NO REPRODUCIBLE

Shaquiñán: contrapartida en especie

Las cifras ameritan revisar valoración y competencia, pero el libro no enlaza el expediente del convenio ni define correctamente la naturaleza jurídica de la contraparte. El 1% no decide por sí solo la modalidad aplicable.

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CASO 29 · PÁG. 46PROCESO NO IDENTIFICADO

FFIE: cerca de $7 billones suspendidos

Existe una política de infraestructura hasta 2036 por $13,1 billones. Pero el libro no identifica el proceso, acto de suspensión o esquema fiduciario que permitiría comprobar su denuncia específica sobre $7 billones.

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CASO 30 · PÁGS. 46–47POLÍTICA ≠ CONTRATO

PTAFI: recursos asegurados hasta 2036

El horizonte y las vigencias futuras son reales, pero pertenecen a una política CONPES con metas y fases. El libro las presenta como si un operador externo hubiera recibido de una vez un contrato inmutable por diez años.

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CASO 31 · PÁG. 47RIESGO TOTAL INFERIDO

OCAD Paz: $2,1 billones aprobados

La sesión y la alta cuantía son verificables. Que ocho ejecutores concentren proyectos exige escrutinio, pero no convierte todo lo aprobado en recursos “en riesgo”: faltan idoneidad, costos y estado de cada proyecto.

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CASO 32 · PÁGS. 47–48ALERTA FUERTE, REGLA IMPRECISA

Regalías ambientales y AREMCA

Las asignaciones y la investigación penal justifican control reforzado. Pero un listado de elegibles no obliga por sí solo a financiar en orden de puntaje; el libro debe identificar la regla adicional que afirma vulnerada.

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CASO 33 · PÁG. 48AGREGADO NO REPRODUCIBLE

Cultura: concentración de proveedores

La concentración puede medirse y merece vigilancia, pero el libro no publica consulta, identificadores, tratamiento de uniones temporales ni fecha de descarga. El 48,5% no prueba por sí solo barreras de entrada o dependencia indebida.

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CASO 34 · PÁG. 49DIRECTA ≠ IRREGULAR

Universidades públicas y formación artística

Los convenios y el programa existen, pero la ley permite contratación directa interadministrativa bajo condiciones. Afirmar que no hay entregables porque no aparecen en una consulta agregada ignora convocatorias, cobertura y resultados oficiales que también deben auditarse.

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CASO 35 · PÁGS. 49–50DATO SIN NEXO ELECTORAL

Fondos Mixtos: operación nacional

Hay convenios directos y convocatorias rastreables. El libro no publica la tabla de 29 contratos que suma $168.827 millones ni evidencia que conecte esa modalidad legal con “presuntos fines electorales”.

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CASO 36 · PÁG. 50COMPARACIÓN CONTABLE INVÁLIDA

FONTUR: demandas, provisión y embarcaderos

La brecha nominal existe si las cifras son correctas, pero una pretensión no se provisiona al 100%: se reconoce según probabilidad y valor esperado. Los embarcaderos sí tenían fabricación y destino institucional reportados; falta el informe fiscal que pruebe el estado final denunciado.

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CASO 37 · PÁGS. 50–51UNIVERSO Y CAUSA ABIERTOS

ANI: arbitrajes y pretensiones

La litigiosidad creció y la ANI creó un comité de seguimiento. Sin embargo, fuentes oficiales reportan 41 procesos aproximados en enero de 2025 y 22 arbitrajes activos al cierre: “48” exige explicar altas, cierres y corte. Las pretensiones tampoco equivalen a una pérdida de $20 billones.

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CASO 38 · PÁG. 51LITIGIO ABIERTO

Pasaportes: riesgo no consumado

La demanda y las alertas de control existen. El primer pronunciamiento judicial negó suspender desembolsos y no halló acreditado, de manera preliminar, el riesgo patrimonial alegado.

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CASO 39 · PÁGS. 51–52RIESGO CONFIRMADO, PÉRDIDA ABIERTA

Findeter y Air-e: crédito deteriorado

Los $328.000 millones y la mora están en estados financieros auditados; Findeter provisionó cerca del 52%. No aparece publicado el soporte del supuesto modelo “sin sustento”, y Air-e seguía bajo toma de posesión y administración temporal, no extinguida.

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CASO 40 · PÁGS. 52–53CONTROVERSIA JURÍDICA ABIERTA

Decretos laborales: reglamentar o legislar

Los tres decretos introducen reglas discutibles y pueden ser demandados. Pero la potestad reglamentaria no requiere habilitación legal expresa; el exceso depende de si alteran la ley o invaden reserva legislativa, no de que la reforma laboral guarde silencio.

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CASO 41 · PÁGS. 53–54PENDIENTE ≠ EN MORA

Cultura: incentivos por pagar

La asignación de estímulos genera obligaciones, pero un pago pendiente inmediatamente después del acto no prueba mora, intereses ni litigio. El libro debe publicar ganadores, resolución, requisitos cumplidos, fecha exigible y estado de cada giro.

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CASO 42 · PÁGS. 54–55SERIES MEZCLADAS

Defensa: capacidad aérea y violencia

El deterioro humanitario de 2025 es real, pero el libro no enlaza el corte técnico de disponibilidad aérea y mezcla eventos anuales con acumulados del Registro Único de Víctimas. Coincidencia temporal no demuestra que un déficit militar causara cada desplazamiento o reclutamiento.

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CASO 43 · PÁG. 55TITULAR ENGAÑOSO

Deforestación: “no para de crecer”

Las 435 mil hectáreas acumuladas son verificables. Pero hubo una caída histórica en 2023 y el cuatrienio tuvo el menor acumulado de seis gobiernos: la serie no creció sin parar.

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CASO 44 · PÁGS. 55–56DATO GREMIAL, SERIE INCONSISTENTE

Hidrocarburos: bloqueos y conflictividad

Campetrol respalda 1.363 bloqueos en 2025. Para 2024 publicó más de 1.318, no los 1.942 del libro, y advierte coberturas incompletas. El conteo no prueba por sí solo corrupción, monopolios locales ni omisión de la SIC.

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CASO 45 · PÁGS. 56–57NO REPRODUCIBLE

Licencias de cannabis y coca: “express”

El libro no identifica licencias, resoluciones ni predios. Para cannabis, el Decreto 811 exige visita previa favorable, protocolo de seguridad y registros del terreno; la lista oficial tampoco denomina un trámite “Licencias Express”.

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CASO 46 · PÁGS. 57–58DATO FUERTE, CAUSA ABIERTA

Petróleo y gas: caída con contexto

Las reservas probadas de gas sí bajaron cerca de 17%. Pero la vida de reservas se mantuvo en 5,9 años y la del petróleo subió; un mínimo mensual no prueba por sí solo la causa política que el relato sugiere.

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CASO 47 · PÁG. 58NÚCLEO FUERTE, ALCANCE ABIERTO

Air-e: patrimonio y pérdidas

La intervención y la crisis financiera están documentadas; la SSPD proyectó una pérdida de $2,57 billones para 2025. Las cifras auditadas exactas, las denuncias y el supuesto riesgo de apagón requieren expedientes separados.

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CASO 48 · PÁGS. 58–59CONTROVERSIA ABIERTA

Santurbán: delimitación progresiva

La metodología de 2026 existe y la sentencia exige participación efectiva. El Ministerio afirma que no fragmenta ni reduce la protección; concluir que desconoce el fallo exige examinar el acto final y la decisión del juez de cumplimiento.

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CASO 49 · PÁG. 59DATO CONFIRMADO

Investigación en salud: $109.000 millones tardíos

Al 30 de junio los recursos no tenían obligación y la convocatoria abrió el 15 de julio. No estaban indefinidamente “congelados”: existía cronograma oficial, aunque dejaba contratación y pagos para el cierre del año.

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CASO 50 · PÁGS. 59–60AUDITORÍA SOBREDIMENSIONADA

iNNpulsa: compromiso y ejecución

Hay deficiencias de control y seis hallazgos administrativos. Pero la rendición oficial cita “incumplimiento material con reserva”, no “adverso”; además, comprometer y ejecutar son etapas distintas que deben conciliarse por contrato.

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CASO 51 · PÁG. 60ALERTA VÁLIDA CON CONTEXTO

SEIP: costo aún por consolidar

La cuantificación integral seguía en estudio y no aparece un costo total consolidado. La alerta fiscal es válida, pero la implementación es gradual y fue concertada durante años: no nació seis días antes del cambio de gobierno.

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CASO III-05 · PÁG. 70PROCESO ABIERTO

FENOGE: cambios contractuales

El proceso Colombia Solar y sus adendas son rastreables; también la suspensión provisional del director. Eso justifica escrutinio, no convertir una investigación en responsabilidad probada.

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02 / DIAN

Retrasos reales,
conclusión inflada

VeredictoSustento parcialLa alerta se sostiene; la parálisis total y la atribución exclusiva, no.
LO QUE DICE EL LIBRO · P. 29
“DIAN paralizada: el Gobierno Petro dejó $310 mil millones en contratos tecnológicos que no funcionan y encadenó al país hasta 2028”.

Lo que sí está respaldado

  • La Procuraduría advirtió en 2024 sobre retrasos, posibles fallas de planeación, plataformas obsoletas y riesgos de costos adicionales.
  • En marzo de 2025 confirmó que se estudiaba ampliar hasta diciembre de 2028 el crédito de US$250 millones, con un costo adicional estimado de US$2,2 millones.
  • La necesidad de modernizar los sistemas tributarios y aduaneros es indiscutible.

Lo que el titular omite

  • El programa fue aprobado, creado y firmado en 2020. No nació durante el gobierno Petro.
  • La fuente de Procuraduría habla de retrasos, riesgos y “posibles deficiencias”; no afirma que toda la DIAN esté paralizada.
  • La propia DIAN reportó en agosto de 2025 una ejecución prevista del 68% y 37 módulos en desarrollo. Es una versión interesada, pero contradice la idea de inactividad total.
CONPES apruebaSe crea el Fondo DIAN y se autoriza el crédito.
Se firma el préstamoEl BID registra US$250 millones por cinco años.
Alerta preventivaProcuraduría documenta retrasos y riesgo fiscal.
Prórroga en discusiónEl horizonte se desplaza a 2028.
LECTURA JUSTA

Hay base para cuestionar la gestión del programa durante 2022–2026. No hay base pública suficiente, en las páginas citadas, para convertir ese cuestionamiento en “DIAN paralizada” ni para presentar como creación de Petro un programa contratado en 2020.

04 / FONDO MUJER

Una cifra precisa
sin soporte enlazado

VeredictoNo reproduciblePrecisión numérica no sustituye trazabilidad.
LO QUE DICE EL LIBRO · PÁGS. 26–27
Al 1.º de julio de 2026 se habían ejecutado cerca de $172 millones de $55.142 millones adicionados: 0,3%.

Comprobable

El Fondo existe como patrimonio autónomo y su portal reportaba, con corte al 30 de junio, 25.589 beneficiarias y 14 programas o proyectos. Eso prueba actividad institucional, no la ejecución de los otrosíes 7 y 8.

Falta para cerrar

El libro no entrega contrato fiduciario actualizado, otrosíes, número de registro presupuestal ni tabla programa–compromiso–obligación–pago. Tampoco publica la respuesta de Fiducóldex o del Fondo.

LECTURA JUSTA

La alerta es verificable solo si se publica el soporte presupuestal a la misma fecha de corte. El portal institucional no refuta el 0,3%, porque informa resultados acumulados de otro universo; sí impide traducirlo en “inactividad total”.

05 / FOMAG

La crisis está documentada;
la responsabilidad sigue su trámite

VeredictoSustento fuerteCon una reserva jurídica indispensable.
LO QUE DICE EL LIBRO · PÁGS. 36–37
61 hallazgos entre 2023 y 2025; 23 con incidencia fiscal por $548.120 millones, además de fallas persistentes en salud.

Comprobable

La Procuraduría informó el 15 de abril de 2026 que persistían fallas en contratación de la red, entrega de medicamentos, citas, transporte y oportunidad del servicio, y requirió soportes financieros y contractuales.

Precisión necesaria

“Hallazgo con incidencia fiscal” abre una actuación y cuantifica un posible detrimento; no equivale por sí mismo a fallo de responsabilidad fiscal. El total de $548.120 millones debe enlazarse al informe matriz de Contraloría, ausente en esas páginas.

LECTURA JUSTA

El núcleo de la crítica —fallas serias y persistentes que afectan al magisterio— está respaldado. Lo responsable es conservar “presunto” para incidencias disciplinarias, penales y fiscales hasta las decisiones de fondo.

06 / EPS INTERVENIDAS

Una crisis verificable,
un “cero” no medido

VeredictoSustento parcialLos daños no prueban que toda intervención fuera inútil.
LO QUE DICE EL LIBRO · PÁG. 40
Ocho EPS intervenidas concentraban 27,8 millones de afiliados y, tras años de intervención, no mostraban mejoras estructurales.

Comprobable

Supersalud publica series mensuales de PQRD y su documentación oficial muestra un volumen elevado; Nueva EPS registraba 11,69 millones de afiliados y una tasa de reclamos creciente al cierre de 2025. La Corte declaró insuficiente la UPC de 2024.

No demostrado

Las quejas acumuladas no son una evaluación causal de las intervenciones. Para sostener “cero resultados” hacen falta líneas base por EPS, indicadores clínicos y financieros comparables, metas de cada medida y control por el problema sistémico de financiación.

LECTURA JUSTA

Hay evidencia suficiente de deterioro y de riesgos graves para usuarios. No la hay, en la página citada, para adjudicar todo ese deterioro a las intervenciones ni para afirmar literalmente que produjeron cero resultados.

07 / DEFORESTACIÓN

435 mil hectáreas perdidas;
no fue crecimiento continuo

VeredictoTitular engañosoEl total es real; la tendencia descrita, no.
LO QUE DICE EL LIBRO · PÁG. 55
Entre 2022 y 2025 Colombia perdió más de 435.000 hectáreas de bosque: “la deforestación no para de crecer”.
2022123.517 ha
202379.256 ha
2024113.608 ha
2025119.483 ha

Comprobable

La suma oficial es 435.864 hectáreas. Entre 2023 y 2025 volvió a subir y en 2025 aumentaron Pacífico (+22%) y Caribe (+17,1%). La presión sobre la Amazonía sigue siendo crítica.

Contexto omitido

La caída de 2022 a 2023 fue de 35,8%. IDEAM informa que el acumulado 2022–2025 es el menor de los últimos seis cuatrienios y que 2025 quedó 31% por debajo de la línea base de 2021.

LECTURA JUSTA

“Volvió a crecer desde el mínimo de 2023” es correcto. “No para de crecer” no lo es. El balance serio reconoce simultáneamente el repunte reciente y una reducción acumulada frente a periodos anteriores.

08 / FENOGE

Alertas contractuales reales;
responsabilidad no decidida

VeredictoProceso abiertoInvestigar y suspender no equivale a condenar.
LO QUE DICE EL LIBRO · PÁG. 70
En el proceso Colombia Solar, por cerca de $165.492 millones, se cambiaron reglas durante la selección; la Procuraduría abrió investigación y suspendió al director.

Comprobable

FENOGE publicó la IA-006-2026 el 17 de junio, con cierre el 10 de julio y fecha límite de adendas el 8 de julio; el expediente enlaza SECOP II. La suspensión provisional por tres meses y la investigación fueron reportadas el 3 de agosto.

Lo que sigue abierto

La suspensión es cautelar. Falta la decisión disciplinaria, el expediente completo de adendas con metadatos, la matriz de evaluación y el desenlace del proceso contractual. El libro debe separar la denuncia del hallazgo probado.

LECTURA JUSTA

La secuencia amerita máxima vigilancia y preservación documental. A la fecha de corte acredita una investigación seria sobre posibles irregularidades, no culpabilidad individual ni direccionamiento contractual definitivamente probado.

03 / TIERRAS

Un rezago serio,
tres estados distintos

VeredictoDato fuerte, relato excesivoLa inseguridad registral es real; “engaño” exige probar intención.
LO QUE DICE EL LIBRO · P. 31
“El engaño de la reforma agraria: Gobierno saliente entregó tierras sin títulos y pagó casi un billón de pesos por predios que el Estado ni siquiera logró registrar”.
Registro pleno99.478 ha26,0% del total reportado
Título pendiente de registro51.265 ha13,4% del total reportado
Entrega provisional231.248 ha60,5% del total reportado

Fuente: informe oficial ANT con corte al 31 de julio de 2026. Total: 381.991 ha; cifras redondeadas.

Lo que sí está respaldado

  • La mayor parte del área reportada no tenía registro pleno al cierre de julio. Eso limita la seguridad jurídica y exige una ruta de formalización verificable.
  • El informe de la ANT reconoce 895 predios, equivalentes a 154.418 hectáreas, bajo entrega provisional y recomienda acelerar su adjudicación definitiva.
  • Documentos públicos recogen la alerta sobre 537 predios adquiridos a la SAE y el riesgo de pagar antes de consolidar la transferencia.

Lo que el titular comprime

  • “Titulado pendiente de registro” no es igual a “entrega provisional”, y ninguno equivale automáticamente a una ocupación ilegal.
  • La entrega material puede generar uso productivo antes del título definitivo; eso no elimina el riesgo, pero sí cambia lo que significa “no entregó”.
  • “Engaño” atribuye intención. Las cifras prueban rezago y exposición jurídica, no por sí solas voluntad de engañar.
EL CASO DE LOS 537 PREDIOSLa alerta amerita control, no atajos.

La evidencia pública disponible sostiene que hubo pagos anticipados y muy pocos registros consolidados al momento de la auditoría. Falta, para cerrar el caso, una matriz predio por predio: valor pagado, estado de extinción de dominio, escritura, folio de matrícula, ocupación, beneficiarios y riesgo recuperable. Sin esa trazabilidad no se debe minimizar la alerta, pero tampoco convertir un riesgo fiscal en condena definitiva.

LECTURA JUSTA

El libro acierta al exigir propiedad jurídicamente segura. Exagera cuando trata todos los estados intermedios como inexistencia y presenta “engaño” como conclusión demostrada. El contrapeso correcto es exigir plazos, folios y responsables por cada predio.

09 / INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

Asignación tardía,
riesgo que debe medirse

VeredictoAlerta válidaEl riesgo no es todavía una pérdida.
LO QUE DICE EL LIBRO · PÁG. 27
El 29 de diciembre de 2025 se asignaron más de $2,2 billones a 60 proyectos sin estudios completos; 32 seguían incompletos al 30 de junio.

Comprobable

La Resolución 2733 de 2025 formalizó vigencias futuras para 60 proyectos por más de $2,2 billones. La fecha y la escala justifican escrutinio sobre madurez, cronogramas y sostenibilidad de cada obra.

Distinción necesaria

Asignar, comprometer, obligar y pagar son etapas distintas. La condición de completar documentos antes de junio puede funcionar como salvaguarda, no como prueba automática de que todo el paquete fue aprobado “sin rigor” o produjo detrimento.

LECTURA JUSTA

El libro plantea una pregunta legítima sobre planeación, pero debe publicar la matriz de los 60 proyectos: concepto de viabilidad, estudios pendientes, monto condicionado, obligación efectiva, giro y estado de obra. Sin ella no se puede convertir riesgo por $2,2 billones en pérdida.

10 / FUNCIÓN PÚBLICA

La exigencia bajó;
la intención no está probada

VeredictoHecho + inferenciaFlexibilización demostrada; favoritismo, no.
LO QUE DICE EL LIBRO · PÁGS. 27–28
Se redujeron requisitos de formación y experiencia para altos cargos y “el mérito cedió ante el favoritismo político”.

Comprobable

El régimen de 2015 exigía maestría o doctorado afín y diez años de experiencia relacionada para tres superintendentes. El Decreto 226 de 2026 sustituyó ese estándar especial por los requisitos generales del nivel directivo.

No demostrado por la norma

Los cargos son de libre nombramiento y remoción, aunque sujetos a mínimos legales e idoneidad. Reducir requisitos puede debilitar el filtro; para probar favoritismo o falta de capacidad hay que identificar nombrado, hoja de vida, equivalencias, conflicto y decisión cuestionada.

LECTURA JUSTA

La crítica normativa tiene base: hubo una reducción objetiva frente al régimen anterior. El salto a “captura institucional” agrupa decretos y casos heterogéneos y atribuye un propósito político que requiere evidencia individual.

11 / TRANSPORTE

Rezagos visibles,
porcentajes sin hoja de cálculo

VeredictoTrazabilidad incompletaLa crítica puede ser cierta y aún no reproducible.
LO QUE DICE EL LIBRO · PÁGS. 37–38
La ejecución sectorial por obligaciones cayó de 76,5% en 2023 a 37,3% en 2025; a mayo de 2026 era 9,8%.

Comprobable

Invías reporta 999 convenios de 2023 finalizados y 161 de la vigencia 2024 terminados en su actualización de julio de 2025. Es evidencia de resultados y, simultáneamente, de una brecha considerable frente a la escala prometida.

Falta para reproducir

“Sector transporte” incluye varias entidades; el informe del ministerio central no equivale al consolidado sectorial. Además, 9,8% a mayo no es comparable con cierres anuales sin una curva histórica de ejecución al mismo mes.

LECTURA JUSTA

El rezago de Caminos Comunitarios amerita control proyecto por proyecto. Para sostener la caída 76,5→37,3% el libro debe enlazar la consulta SIIF, definir entidades incluidas y mantener idénticos corte, denominador y concepto presupuestal.

12 / CENTROS POTENCIA

El fracaso operativo
sí está admitido

VeredictoSustento fuerteCon una corrección: el contrato contemplaba 60.
LO QUE DICE EL LIBRO · PÁGS. 43–44
Se destinaron $234.399 millones para 63 centros; solo uno estaba instalado y las obras permanecían paralizadas.

Confirmado por MinTIC

Tras 17 meses, el proyecto contractual no superó la planeación ni inició obras en ninguno de los 60 centros. MinTIC decidió no prorrogar, inició liquidación y afirmó que solo se giraron cerca de $4.000 millones por asistencia técnica ejecutada.

Corrección de alcance

Los documentos del contrato 1872 hablan de 60 Centros PotencIA. La Facultad de IA de Caldas y otros componentes tecnológicos tienen contratos o alcances distintos. Sumarlos para titular 63 confunde unidades de análisis.

LECTURA JUSTA

La conclusión esencial se sostiene: el diseño y la ejecución fallaron y las comunidades no recibieron los centros prometidos. La respuesta posterior protegió saldos y evitó más giros, pero no borra el costo de oportunidad ni los $4.000 millones ya pagados.

13 / PETRÓLEO Y GAS

Una caída preocupante,
una causalidad simplificada

VeredictoDato fuerte, causa abiertaLa seguridad energética no cabe en una sola cifra.
LO QUE DICE EL LIBRO · PÁGS. 57–58
En junio de 2026 el petróleo tocó su menor nivel en 60 meses y las reservas probadas de gas cayeron 16,8% en un año.
Gas probado1.717 Gpc≈ −17% interanual
Vida del gas5,9 añosestable frente a 2024
Vida del petróleo7,4 añossubió desde 7,2

Comprobable

La ANH confirma 1.717 Gpc de gas probado y una reducción cercana al 17%. Su repositorio permite verificar la producción mensual; el descenso de producción y actividad exploratoria merece atención fiscal y energética.

Contexto omitido

La misma ANH reporta que en 2025 se repusieron 94 barriles por cada 100 producidos, aumentó la vida de reservas de petróleo y existen recursos contingentes de gas —que no son reservas— concentrados costa afuera.

LECTURA JUSTA

La alerta sobre gas y producción es sólida. Atribuir toda la tendencia a la ausencia de nuevas rondas desde 2022 requiere modelar declinación natural, precios, seguridad, licencias, inversión y el largo rezago entre explorar y producir. Los datos describen el problema; no aíslan una única causa.

14 / PLATAFORMAS PÚBLICAS

Sistemas críticos,
colapso sin demostrar

VeredictoRiesgo sin métricaUna dificultad operativa no prueba una caída sistémica inminente.
LO QUE DICE EL LIBRO · PÁGS. 30–31
SIGEP II, FURAG y SUIT presentan fallas estructurales y operan “al borde del colapso”, con riesgo de pérdida de datos e inoperatividad estatal.

Comprobable

Función Pública identifica los tres sistemas como estratégicos en su informe de empalme. FURAG abrió en marzo de 2026 para más de 6.000 entidades y SIGEP II continuaba prestando consulta y registro; su criticidad y dependencia institucional son indiscutibles.

No cuantificado

El libro no enlaza bitácoras de incidentes, disponibilidad mensual, tiempos de recuperación, vulnerabilidades, capacidad, contratos de soporte ni evidencia de pérdida de datos. Tampoco separa la limitación metodológica del autorreporte FURAG de una falla tecnológica.

LECTURA JUSTA

La modernización merece auditoría técnica y métricas públicas de continuidad. Con lo publicado se puede afirmar que son plataformas críticas y perfectibles; “al borde del colapso” sigue siendo una predicción sin umbral ni evidencia reproducible.

15 / FONIGUALDAD

Ejecución baja y tardía,
pero no cero pagos

VeredictoUniversos distintosSIIF y patrimonio autónomo deben conciliarse antes de titular.
LO QUE DICE EL LIBRO · PÁGS. 39–40
Entre 2023 y 2025 se comprometieron $1,77 billones en FonIgualdad sin registrar una sola obligación ni un solo pago en SIIF.

La alerta se sostiene

Los reportes oficiales muestran una puesta en marcha lenta y una brecha grande entre presupuesto, contratación y pago. El portal de transparencia sí permite revisar ejecuciones mensuales; la crítica debe reconstruirse vigencia por vigencia y rubro por rubro.

La frase absoluta falla

El anexo oficial de FonIgualdad reporta a abril de 2026 $1,978 billones asignados, $1,190 billones contratados y $458.540 millones pagados. Esto no refuta automáticamente un “cero” en un rubro SIIF específico, pero sí refuta leerlo como cero pagos del Fondo en conjunto.

LECTURA JUSTA

Hay una alerta fuerte sobre oportunidad y eficacia del gasto. Para sostener los $1,77 billones sin ejecución real, el libro debe publicar la consulta SIIF y una conciliación con cuentas fiduciarias, subcuentas, contratos, obligaciones y beneficiarios; sin ella mezcla contabilidad presupuestal con caja del fideicomiso.

16 / CANAL DEL DIQUE

Retraso real,
parálisis parcial

VeredictoRetraso confirmadoLa obra mayor se aplazó; la operación previa continuó.
LO QUE DICE EL LIBRO · PÁG. 42
Una licencia ambiental no prevista retrasó tres años las obras mayores y produjo “cuatro años de parálisis” entre la firma y el arranque constructivo.

Comprobable

ANLA exigió un nuevo EIA y ANI extendió la preconstrucción de 18 a 45 meses. La entidad proyecta entregar el estudio en octubre de 2026 e iniciar 95 obras civiles en marzo de 2027: el desplazamiento de la fase constructiva es material y atribuible al riesgo ambiental de la estructuración.

Contexto omitido

ANI sostiene que el proyecto no fue suspendido en su totalidad: reporta más de 2,5 millones de m³ dragados, mantenimiento de más de 120 km de diques y asistencia a usuarios. Además, una licencia ambiental plena protege derechos comunitarios y ecosistemas; no es un trámite prescindible.

LECTURA JUSTA

El libro acierta en el retraso de las obras mayores y en exigir responsabilidad por una estructuración que no anticipó el licenciamiento. Exagera al convertir toda la fase de preconstrucción en “parálisis” y al tratar la evaluación ambiental solo como costo.

17 / PASAPORTES

Controversia seria,
nulidad no decidida

VeredictoLitigio abiertoDemanda e investigación no equivalen a convenio nulo.
LO QUE DICE EL LIBRO · PÁG. 51
El convenio con Portugal está “en el limbo” y, si se anula, el país quedaría sin producción de pasaportes y cédulas.

Comprobable

La Procuraduría demandó el convenio y cuestionó instrumentos contractuales posteriores; son controles relevantes sobre legalidad, costo y continuidad. El proceso de nulidad sigue abierto y requiere seguimiento público.

Actualización decisiva

El 27 de julio de 2026 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó suspender los desembolsos. De manera preliminar, no encontró acreditada la apariencia de buen derecho ni el riesgo patrimonial alegado; también advirtió que suspender podía afectar la continuidad del servicio.

LECTURA JUSTA

El convenio no está libre de cuestionamientos, pero tampoco está jurídicamente anulado ni suspendido. El escenario de desabastecimiento es condicional y debe presentarse junto al plan de transición y al pronunciamiento judicial más reciente, no como desenlace.

18 / INVESTIGACIÓN EN SALUD

$109.000 millones tardíos,
cronograma verificable

VeredictoDato confirmadoLa demora existe; el dinero ya tenía instrumento de asignación.
LO QUE DICE EL LIBRO · PÁG. 59
El Fondo de Investigación en Salud llegó a mitad de 2026 con $109.000 millones y 0% de ejecución; la convocatoria solo abrió el 15 de julio.

Confirmado oficialmente

El informe al Congreso de MinCiencias registra al 30 de junio cero obligaciones para el proyecto y asigna $109.000 millones al FIS. La Convocatoria 978 abrió el 15 de julio, cierra el 27 de agosto y prevé resultados definitivos el 6 de noviembre.

Precisión temporal

El dinero no estaba sin destino ni desaparecido: ya existían resolución, términos y cronograma para financiar entre 36 y 56 proyectos. Aun así, programar evaluación, contratación y obligaciones en los últimos meses eleva un riesgo real de ejecución tardía.

LECTURA JUSTA

Es uno de los señalamientos mejor sustentados del libro: a mitad de año la ejecución por obligaciones era 0%. El contrapeso no es negar la demora, sino actualizar que la convocatoria ya estaba abierta y medir después cuántos proyectos fueron contratados, obligados y pagados antes del cierre.

19 / UPME

Cuello de botella real,
causalidad no demostrada

VeredictoCausalidad no probadaAsignar capacidad y planear la expansión son funciones relacionadas, no pruebas de desplazamiento.
LO QUE DICE EL LIBRO · PÁGS. 28–29
La asignación de capacidad de conexión consumió recursos de la UPME, retrasó la planeación eléctrica y dejó cerca de 8.000 MW asignados que en su mayoría no se materializaron.

Problema verificable

La congestión de la red, los proyectos sin madurez suficiente y la capacidad asignada pero no utilizada son problemas públicos. En 2026 la UPME actualizó escenarios, priorizó proyectos con trámites ambientales y reportó la liberación de 6,3 GW para nuevas solicitudes.

El salto causal

El libro no publica horas de trabajo, presupuesto reasignado, hitos incumplidos ni una comparación del cronograma del plan que demuestre que tramitar conexiones retrasó la planeación. Tampoco separa restricciones de red, licenciamiento, financiación y decisiones de los promotores.

LECTURA JUSTA

Hay base para exigir mejores filtros de madurez y una matriz pública proyecto por proyecto. No hay base suficiente para atribuir el retraso de la expansión a una sola función de la UPME: capacidad asignada no equivale a generación construida y la no materialización tiene varias causas posibles.

20 / ESCUDO ANTIDRONES

Amenaza comprobada,
desperdicio todavía hipotético

VeredictoAlerta preventivaLa rigurosidad debe probarse antes de comprar; el daño no estaba consumado.
LO QUE DICE EL LIBRO · PÁG. 30
Colombia corría el riesgo de desperdiciar más de $6,3 billones en un escudo antidrones con dudas de transparencia, pruebas insuficientes y antecedentes de equipos de corto alcance.

Lo confirmado

La amenaza de drones explosivos es grave y justifica control técnico reforzado. El Gobierno presentó $6,3 billones como proyección total del sistema y cerca de $1 billón para la primera fase; no como una única compra ya pagada.

Estado del proceso

El 19 de marzo de 2026 Mindefensa informó que el proyecto seguía en estructuración, que había remitido especificaciones a más de cien empresas y que realizaría pruebas controladas antes de definir la contratación. Las cifras de 300 y 430 metros atribuidas a la Contraloría corresponden a compras previas y el libro no enlaza el informe técnico para reproducirlas.

LECTURA JUSTA

El libro acierta al pedir competencia, pruebas integrales y ausencia de conflictos. Se adelanta al presentar el monto total como inversión susceptible de haberse desperdiciado: al corte, la selección definitiva dependía precisamente de ensayos que debían revelar si la tecnología cumplía.

21 / DEUDA PÚBLICA

Tasas altas verificables,
récord y detrimento abiertos

VeredictoHecho parcialLa regla cambió; varias conclusiones requieren series y datos que no aparecen.
LO QUE DICE EL LIBRO · PÁG. 32
El Gobierno contrató deuda a las tasas más altas de la historia reciente, concentró TES en pocos tenedores y dejó una “bomba de tiempo” con vencimientos en 2026, 2029 y 2030.

Confirmado

MinHacienda sí elevó de 50% a 100% el máximo posible de sobreadjudicación en subastas. Las tasas nominales observadas fueron altas y merecen comparar costo, plazo e inflación. El perfil de vencimientos también es un riesgo fiscal que debe publicarse y administrarse.

No demostrado por el texto

Un máximo de sobreadjudicación no prueba por sí mismo concentración efectiva: hacen falta adjudicaciones y tenedores por subasta. “Las más altas” exige comparar la serie del Banco de la República por instrumento y plazo. El libro tampoco enlaza la auditoría que sustente los $113 billones fiduciarios, el posible detrimento o la remisión disciplinaria.

LECTURA JUSTA

La deuda más costosa limita presupuestos futuros, pero “bomba de tiempo” es una caracterización, no una medición. El contraste reproducible requiere tasas reales y nominales homogéneas, vida media, vencimientos, canjes, tenedores y el informe exacto del órgano de control.

22 / CONTRATOS MINCIT

Depuración necesaria,
universo mal interpretado

VeredictoUniverso mal interpretado“No liquidado” no es sinónimo de incumplido ni de pago desconocido.
LO QUE DICE EL LIBRO · PÁGS. 32–33
El sector acumuló 11.245 contratos por $5,81 billones sin liquidar y en 8.483 contratos de servicios el Estado no puede evidenciar a quién pagó.

La alerta útil

Un inventario amplio de contratos con estados desactualizados, enlaces rotos o campos incompletos sí exige depuración. El propio control interno de MinCIT ha documentado problemas de publicación y el Ministerio ofrece consultas de contratos e informes de supervisión por vigencia.

Error de categoría

Colombia Compra Eficiente recuerda que la liquidación no es obligatoria, en principio, para contratos de servicios profesionales y apoyo a la gestión. Además, SECOP II mantiene un registro de proveedores con nombre y NIT: que un campo falte en una descarga no permite concluir que el Estado desconoce al contratista o que no verificó el cumplimiento.

LECTURA JUSTA

Las cifras agregadas no deben descartarse, sino reclasificarse: contratos que requieren liquidación y están vencidos; contratos exceptuados; expedientes con soportes incompletos; y hallazgos fiscales individuales. Sin esa separación, el libro convierte una bandera administrativa en evidencia de mal uso de todo el valor contratado.

23 / EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

Resultados operativos públicos,
impacto aún por aislar

VeredictoAbsoluto refutadoHay productos y cobertura reportados; eso no basta para atribuir resultados sanitarios.
LO QUE DICE EL LIBRO · PÁGS. 33–34
Más de $6,8 billones fueron asignados durante cuatro años “sin poder demostrar un solo resultado” ni una evaluación de impacto sobre la atención.

El absoluto no resiste

Minsalud publica más de 10.000 equipos asignados, cobertura en los 32 departamentos y 7,46 millones de hogares atendidos entre 2023 y septiembre de 2025. Su rendición de junio de 2026 reporta 10,9 millones de familias y una inversión proyectada de $6,87 billones.

Lo que todavía falta

Equipos conformados, visitas y hogares cubiertos son resultados operativos, no una evaluación causal. Las mejoras nacionales en mortalidad tampoco pueden atribuirse automáticamente a los EBS sin línea base, grupo comparable, continuidad de atención, ejecución territorial y auditoría independiente.

LECTURA JUSTA

Preguntar por impacto y control del gasto es válido. Afirmar que no existe “un solo resultado” ignora información pública de despliegue y cobertura. La exigencia correcta es enlazar transferencias con equipos efectivamente operados, servicios entregados y cambios sanitarios medibles por territorio.

24 / VIVIENDA

Hallazgo confirmado,
muestra mal leída

VeredictoMuestra mal leídaLa falla de publicación permanece; el universo descrito por el libro no.
LO QUE DICE EL LIBRO · PÁG. 34
La Contraloría revisó doce contratos del Ministerio de Vivienda y encontró expedientes sin informes de ejecución, supervisión ni soportes de pago en el sistema público.

Lo que sí encontró la auditoría

La auditoría financiera de 2025 mantuvo el Hallazgo 14, administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por documentos incompletos o publicados fuera del plazo en SECOP. Es una obligación de transparencia y la alerta no debe minimizarse.

La cifra está mal trasladada

El informe seleccionó 92 contratos por $571.756 millones. El cuadro citado enumera doce tipos de contrato, no una muestra de doce expedientes. En su respuesta, la entidad además acreditó documentos ya cargados y explicó casos en los que un acta no era exigible; la Contraloría, aun así, sostuvo el hallazgo global.

LECTURA JUSTA

Hay soporte fuerte para afirmar que existieron fallas de publicación contractual. No lo hay para convertir automáticamente una omisión en SECOP en contrato no ejecutado o pago sin respaldo, y el libro reduce incorrectamente una muestra de 92 contratos a doce.

25 / RTVC

Adiciones que exigen control,
responsabilidad todavía abierta

VeredictoResponsabilidad abiertaLos valores se auditan contrato por contrato; el porcentaje no decide solo la legalidad.
LO QUE DICE EL LIBRO · PÁGS. 34–35
RTVC más que duplicó contratos ya firmados, con adiciones de hasta 119%, y suscribió 230 contratos por $11.665 millones en los últimos seis días del Gobierno.

Trazabilidad disponible

El proceso RTVC-CD-3316-2025 aparece en SECOP II con valor inicial de $3.448 millones. El expediente debe permitir reconstruir cada modificación, su fecha, objeto, justificación, supervisor y valor final. La concentración de firmas al cierre también merece una matriz completa, no solo un total.

Lo que el titular no resuelve

RTVC distingue contratación administrativa, sometida al estatuto general, de negocios misionales y comerciales regidos por su manual y por derecho privado. Por eso superar 50% es una señal de planeación que exige explicación, pero no prueba automáticamente ilegalidad. Una observación de auditoría tampoco equivale todavía a hallazgo definitivo o sanción.

LECTURA JUSTA

La pregunta correcta es si cada otrosí preservó el objeto, tuvo justificación técnica, disponibilidad y precio razonable. Firmar 230 contratos en seis días puede revelar improvisación o una renovación concentrada; el número por sí solo no distingue ambas hipótesis.

26 / UNGRD

Alertas graves y reales,
agregado presupuestal opaco

VeredictoNúcleo fuerteEl escrutinio se justifica; el 4,3% necesita universo y consulta reproducible.
LO QUE DICE EL LIBRO · PÁGS. 35–36
Entre 2022 y 2026 la ejecución acumulada de la gestión del riesgo fue apenas 4,3% de $15,3 billones, con recursos inmovilizados, proyectos sin trazabilidad y un decreto para mover $4 billones.

Hechos que refuerzan la alerta

Los antecedentes penales del caso UNGRD y las anomalías contractuales exigen un estándar máximo. El 29 de julio de 2026 el Consejo de Estado suspendió provisionalmente apartes del Decreto 802: advirtió traslados presupuestales indeterminados sin autorización legal y negociación directa de precios.

Una suma que debe abrirse

El libro agrega UNGRD, Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, Fondo Adaptación y proyectos de regalías con cortes y etapas diferentes. Sin la descarga SIIF, la apropiación inicial y vigente, compromisos, obligaciones, pagos y ejecución fiduciaria por entidad, el 4,3% no puede reproducirse ni interpretarse como dinero perdido.

LECTURA JUSTA

La decisión judicial respalda el riesgo institucional, pero es cautelar y no demuestra que los $4 billones hubieran sido efectivamente trasladados. Cada cifra sobre La Mojana, recursos por devolver y proyectos observados debe enlazarse con el informe, hallazgo y universo exactos.

27 / CIENCIA Y REGALÍAS

Embudo confirmado,
“congelados” simplifica el trámite

VeredictoEmbudo confirmadoSolo un proyecto estaba aprobado; varias propuestas seguían en evaluación.
LO QUE DICE EL LIBRO · PÁGS. 38–39
$3,8 billones de ciencia para las regiones permanecían congelados: de 407 proyectos radicados, solo uno había sido aprobado.

La demora es verificable

El informe de MinCiencias al Congreso registra que, al 30 de junio de 2026, el OCAD había aprobado nueve convocatorias del plan bienal, pero solo un proyecto: el de la Convocatoria 46 por $630.000 millones. La Procuraduría documentó riesgos en su estructuración y evaluación.

El resto no estaba en un solo estado

Las convocatorias reportaban propuestas presentadas, habilitadas, elegibles, en subsanación o remitidas al OCAD, con resultados programados para julio. El mismo informe señala 29 proyectos del plan 2023–2024 aprobados durante 2025 por $785.356 millones, aunque el rezago previo siguió generando problemas.

LECTURA JUSTA

El cuello de botella y el riesgo de vencimiento merecen el titular. “$3,8 billones congelados” es demasiado uniforme: debe medirse cuánto estaba sin convocatoria, en evaluación, aprobado, contratado y pagado. La vigilancia preventiva sobre la Convocatoria 46 no es una declaración de culpabilidad.

28 / CASAS COLOMBIA

Gasto cultural comprobable,
comparación sin evaluación

VeredictoComparación normativaPriorizar es debatible; despilfarro requiere costos, resultados y alternativas comparables.
LO QUE DICE EL LIBRO · PÁGS. 40–41
La Cancillería gastó más de $8.500 millones en Casas Colombia temporales mientras los consulados seguían colapsados y los connacionales esperaban atención.

Política y gasto reales

Cancillería define las Casas como espacios itinerantes de cultura, comunidad y vínculo con la diáspora. Su informe al Congreso registra $519,7 millones para Barcelona y proyectos en siete ciudades; para Berlín informó €216.500, metas de ferias, encuentros y nuevos miembros de redes.

La tensión también existe

El informe de embajadas y consulados reconoce alta demanda y déficit de personal, por ejemplo en Canadá. Pero una estrategia cultural no fue diseñada como sustituto de pasaportes, apostillas o asistencia. El libro no publica las resoluciones que suman $8.500 millones ni compara fuente presupuestal, duración, asistentes, productos y costo alternativo.

LECTURA JUSTA

Es legítimo preguntar si esos recursos tenían mayor retorno reforzando consulados. Para concluir despilfarro hacen falta expedientes por ciudad y una evaluación de resultados. La coexistencia de eventos culturales y demoras consulares demuestra una decisión de prioridad, no por sí sola una irregularidad.

29 / JUSTICIA

Crisis y fallas confirmadas,
agregado sobredimensionado

VeredictoNúcleo confirmadoLa auditoría es grave; el total no equivale íntegramente a obras inexistentes.
LO QUE DICE EL LIBRO · PÁG. 41
Interventores aprobaron pagos por $78.493 millones por infraestructura que no existía, mientras el 41,4% de los reclusos duerme en el piso.

Una falla sistémica documentada

La auditoría de cumplimiento a USPEC e INPEC emitió conclusión adversa y documentó deficiencias de infraestructura, salud, alimentación, justicia y supervisión. También encontró recursos para ampliar cupos que no alcanzaron el objeto contractual. El estado de cosas inconstitucional persistía.

Lo que debe desagregarse

El total de $78.493 millones aparece en reportes sobre la auditoría como impacto de irregularidades diversas. Para llamarlo entero “pagos por obras fantasma” hace falta una tabla por hallazgo: contrato, valor pagado, obra verificada, daño y estado fiscal. La propia USPEC controvierte interpretaciones generales y distingue observaciones puntuales.

LECTURA JUSTA

El núcleo —obras incumplidas, supervisión deficiente y condiciones carcelarias críticas— tiene sustento fuerte. El titular fusiona hallazgos heterogéneos y convierte su impacto económico completo en una sola modalidad de irregularidad que la fuente pública consultada no permite reproducir.

30 / FONVIVIENDA

El 33,31% está confirmado,
“sin ejecutar” requiere precisión

VeredictoDato confirmadoLa baja obligación es exacta; compromiso, obligación y pago no son sinónimos.
LO QUE DICE EL LIBRO · PÁGS. 42–43
Fonvivienda dejó sin ejecutar dos de cada tres pesos: solo obligó el 33,31% de los $2,65 billones apropiados en 2025.

La cifra se reproduce

El anexo presupuestal de la auditoría registra $2,652 billones de apropiación de inversión y $883.552 millones obligados y pagados: 33,31%. La Contraloría vinculó las reservas y retrasos a deficiencias de planeación y gestión y formuló un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.

La etapa importa

Los compromisos alcanzaron $2,652 billones, prácticamente toda la apropiación. Eso no elimina el rezago: significa que los recursos tenían destino contractual pero buena parte no llegó a obligación y pago durante la vigencia. Una reserva aplaza beneficios; no prueba pérdida ni apropiación indebida.

LECTURA JUSTA

El libro acierta en el dato central y en que el atraso afectó metas. La formulación más exacta es “dos de cada tres pesos no fueron obligados ni pagados en 2025”, no “quedaron sin destino” ni “desaparecieron”.

31 / ENERGÍA

Riesgo real y cambiante,
apagón no demostrado

VeredictoSustento parcialLa estrechez exige acción; las proyecciones no son hechos consumados.
LO QUE DICE EL LIBRO · PÁG. 43
XM proyecta déficit de energía firme de 4,4%, solo entró 15,5% de la generación esperada y un apagón destruiría 2% del PIB.

La alerta oficial existe

CREG documentó demanda en máximos históricos, energía firme disponible insuficiente frente a ciertos escenarios, necesidad de generación térmica superior a 100 GWh diarios y riesgos financieros. XM reporta la entrada efectiva de proyectos y la UPME mantiene el registro con fechas declaradas por promotores.

Atribución y escenario

La estimación pública de 4,4% se atribuye a Andesco, no a XM. Además, el pronóstico de El Niño cambió entre cortes: IDEAM actualizó la probabilidad de intensidad muy fuerte. El 15,5% depende del universo y fecha de proyectos, y el costo de 2% del PIB necesita modelo, horizonte y supuestos que el libro no enlaza.

LECTURA JUSTA

Colombia enfrentaba un riesgo energético serio y justificaba medidas preventivas. Presentar un escenario condicionado como apagón prácticamente cierto mezcla capacidad firme, potencia, retrasos de red, mantenimiento y clima sin mostrar cómo se calcula cada cifra.

32 / LA GUAJIRA

Contratación bajo escrutinio,
resultados no equivalen a impacto

VeredictoAbsoluto refutadoHay indicadores verificables; su suficiencia y causalidad siguen abiertas.
LO QUE DICE EL LIBRO · PÁGS. 44–45
La Sentencia T-302 terminó como sombrilla para contratar $1,78 billones sin resultados verificables para la niñez de La Guajira.

El control sigue siendo necesario

La Corte Constitucional mantuvo seguimiento y ordenó en 2026 una inspección judicial sobre los ocho objetivos constitucionales. Sus autos registran incumplimientos, avances parciales y necesidad de verificar la atención territorial. La concentración y crecimiento contractual merecen una descarga reproducible de SECOP.

El absoluto no se sostiene

Los expedientes judiciales y reportes del ICBF sí contienen indicadores de cobertura, seguimiento nutricional, agua entregada, unidades atendidas y usuarios. Son productos verificables, aunque no prueban por sí solos bienestar duradero ni cumplimiento integral. Tampoco la sentencia constituye por sí misma una excepción general a las reglas contractuales.

LECTURA JUSTA

Puede existir mucho gasto con impacto insuficiente, pero esa es una hipótesis que exige cruzar contratos, beneficiarios y resultados. Decir “sin resultados verificables” borra los indicadores disponibles; decir “cumplimiento probado” también excedería la evidencia.

33 / FONIGUALDAD

Riesgo fiscal de alta cuantía,
clientelismo aún no probado

VeredictoProceso abiertoLa advertencia exige soportes; no reemplaza un fallo de responsabilidad.
LO QUE DICE EL LIBRO · PÁG. 45
FONIGUALDAD pagó $140.910 millones a LABORANDO SAS sin soportes y permitió financiar estructuras políticas.

Una alerta concreta

La información pública identifica cinco contratos de suministro de personal por $140.910.903.849 y una advertencia de la Contraloría por riesgo inminente al patrimonio, ante la ausencia de resultados verificables que conecten ese personal con la finalidad del Fondo. La transparencia institucional publica anexos contractuales y de gestión que deben conciliarse.

Tres saltos del relato

Valor contractual, desembolso y daño fiscal son magnitudes distintas. Una advertencia ordinaria y la categoría “Estado Crítico” activan prevención, pero no son un hallazgo fiscal definitivo ni una condena. El señalamiento de clientelismo proviene de una denuncia política y requiere nóminas, funciones, asistencia, productos y vínculos electorales individualizados.

LECTURA JUSTA

La entidad debe exhibir qué hizo cada grupo de trabajadores y qué resultados produjo. Hasta entonces el riesgo es serio y abierto. La falta de soportes disponible no autoriza a afirmar que cada peso financió campaña o que ninguno llegó a un programa social.

34 / PROSPERIDAD SOCIAL

La proporción llama la atención,
el régimen no está demostrado

VeredictoNo reproducibleSin expediente y naturaleza jurídica no puede definirse la modalidad correcta.
LO QUE DICE EL LIBRO · PÁGS. 45–46
DPS comprometió $33.000 millones con Shaquiñán frente a una contrapartida en especie de $336 millones sin avalúo verificable.

Preguntas que sí son necesarias

La valoración de ceremonias, insumos rituales, sabedores y espacios debe estar soportada; también el cumplimiento para 4.080 hogares. El expediente contractual debe mostrar estudios previos, presupuesto, mecanismo de selección, entregas, supervisión y método de valoración de cada aporte.

El 1% no resuelve la ley aplicable

El Decreto 092 regula convenios con entidades privadas sin ánimo de lucro y contempla competencia y reglas de contrapartida. Pero el libro denomina el negocio “interadministrativo” sin acreditar si Shaquiñán actuó como ESAL privada, autoridad indígena o entidad pública especial. Esa clasificación cambia el análisis jurídico.

LECTURA JUSTA

La desproporción y una contrapartida sin avalúo serían alertas válidas si el expediente las confirma. Sin enlace, número SECOP y naturaleza de las partes, no puede concluirse que debió existir licitación ni que los $33.000 millones fueron entregados “sin reparo”.

35 / INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

La política multianual existe,
la suspensión no es rastreable

VeredictoProceso no identificadoEl marco de $13,1 billones es público; la actuación de $7 billones no.
LO QUE DICE EL LIBRO · PÁG. 46
El Gobierno buscó comprometer cerca de $7 billones mediante un nuevo esquema del PA-FFIE sin selección competitiva; el proceso quedó suspendido.

Lo que sí está documentado

El CONPES 4181 programó $13,1 billones hasta 2036 para intervenir sedes de preescolar, básica y media y proyectos de educación superior. Para esta última prevé cerca de $6,9 billones en vigencias futuras y operadores especializados; el FFIE es una cuenta especial existente desde 2015.

Lo que falta para auditar

El libro no aporta invitación, estudios previos, contrato fiduciario, acto de modificación, comunicación de Contraloría ni orden de suspensión. Tampoco separa la aprobación de vigencias futuras de una adjudicación efectiva. Sin esos documentos no se identifica qué actuación concreta fue detenida ni bajo qué causal.

LECTURA JUSTA

Comprometer recursos de futuros gobiernos merece debate y controles. Aquí la cifra cercana a $7 billones coincide con un componente público del CONPES, pero eso no demuestra por sí solo selección cerrada o captura contractual. La denuncia debe nombrar el proceso suspendido.

36 / FORMACIÓN INTEGRAL

Compromiso de política pública,
no un operador por diez años

VeredictoMezcla de categoríasVigencias futuras sostienen el plan; no prueban un contrato único hasta 2036.
LO QUE DICE EL LIBRO · PÁGS. 46–47
El Gobierno estructuró una contratación por $1,69 billones con obligaciones durante diez vigencias, hasta 2036.

Horizonte y recursos verificables

El CONPES 4188 declaró estratégico el Plan Nacional de Formación Integral y aseguró $2,04 billones hasta 2036. Define metas, cinco cohortes y fases de transferencia, sostenibilidad y consolidación para 5.500 establecimientos y 3,65 millones de estudiantes.

La continuidad no recae toda en un contratista

El documento oficial prevé acompañamiento de operador durante los primeros años de cada cohorte y luego transferencia de capacidades al PTAFI y a las instituciones. Para sostener la acusación del libro hace falta el proceso de cinco lotes, sus plazos, oferentes y valor: el CONPES y una contratación concreta no son la misma cosa.

LECTURA JUSTA

Las vigencias futuras sí reducen margen presupuestal y deben evaluarse. A la vez, ese es precisamente el mecanismo para dar continuidad a una política de Estado. El riesgo contractual se determina en los pliegos y adjudicaciones, no solo por la duración del plan.

37 / OCAD PAZ

Aprobación concentrada y auditable,
riesgo total no calculado

VeredictoSalto lógicoConcentración exige revisión; no convierte todo el monto en pérdida potencial.
LO QUE DICE EL LIBRO · PÁG. 47
La sesión 92 aprobó cerca de $2,1 billones y concentró alrededor de 40% de los proyectos en ocho empresas públicas o mixtas.

La sesión y su escala existen

Documentos posteriores del DNP confirman que la sesión 92 se celebró el 17 de julio y aprobó recursos antes de trasladar saldos a la siguiente convocatoria. La Ley 2056 encarga al OCAD Paz priorizar y aprobar proyectos con conceptos sectoriales y criterios vinculados a PDET.

Concentración no equivale a detrimento

Repetir ejecutor puede revelar capacidad especializada, concentración riesgosa o direccionamiento; hay que medirlo por experiencia, carga simultánea, costos, avance y antecedentes. El libro transforma la pregunta por idoneidad en un riesgo posible de $2,1 billones, es decir, todo el monto aprobado, sin método de estimación.

LECTURA JUSTA

La carta de citación y el acta completa deben publicarse en formato reutilizable. El escrutinio correcto identifica los ocho ejecutores y compara sus proyectos. El número de asignaciones por sí solo no prueba que fueran los menos idóneos ni que todos los recursos estén expuestos.

38 / REGALÍAS AMBIENTALES

AREMCA eleva la alerta,
el puntaje no decide solo

VeredictoSustento parcialHay decisiones e investigación; falta probar la regla de prelación invocada.
LO QUE DICE EL LIBRO · PÁGS. 47–48
MinAmbiente comprometió $474.129 millones saltándose proyectos mejor puntuados y asignó $43.435 millones a AREMCA.

Una alerta de alta gravedad

MinAmbiente publica listados, resoluciones y ejecutores de regalías. AREMCA fue designada en dos proyectos del Cesar y la Fiscalía abrió una línea de investigación sobre funcionarios y capacidad del ejecutor. Esos hechos justifican revisar los actos, estudios de idoneidad y avance físico.

Elegibilidad no garantiza financiación

Los propios listados oficiales advierten que aparecer como elegible no obliga al Ministerio a financiar. El orden descendente organiza la lista, pero para demostrar que financiar menor puntaje fue ilegal deben citarse términos, disponibilidad por mecanismo, priorización y resolución aplicables a cada uno de los 25 proyectos.

LECTURA JUSTA

El caso AREMCA fortalece la necesidad de control, pero investigación no es condena. El libro debe publicar su matriz de tres convocatorias y la norma que convierte el puntaje en prelación obligatoria; sin ella, el verbo “violó” excede lo demostrado.

39 / CULTURA

Concentración medible,
causa todavía abierta

VeredictoNo reproducibleEl agregado carece de consulta, corte y reglas de depuración publicadas.
LO QUE DICE EL LIBRO · PÁG. 48
Veinte de 2.747 proveedores concentran 48,5% del valor contratado: $998.594 millones de $2,05 billones.

Una métrica pertinente

SECOP II publica contratos electrónicos y permite agrupar por entidad y proveedor. Medir participación de los mayores contratistas es un punto de partida válido para revisar competencia, especialización y dependencia operativa.

Falta la receta del cálculo

El libro no entrega consulta SoQL, NIT de la entidad, fecha de descarga, estados incluidos, valor usado ni tratamiento de consorcios, adiciones, contratos cancelados y duplicados. Tampoco compara la concentración con años anteriores o ministerios de tamaño semejante.

LECTURA JUSTA

El 48,5% puede ser correcto, pero hoy no puede repetirse exactamente desde el texto. Aun confirmado, concentración no equivale por sí sola a captura: el siguiente paso es publicar los veinte proveedores, sus procesos, modalidad, oferentes, ejecución y justificación técnica.

40 / UNIVERSIDADES PÚBLICAS

La modalidad es directa,
la irregularidad no se presume

VeredictoSalto lógicoConvenio interadministrativo no significa ausencia de control ni incumplimiento.
LO QUE DICE EL LIBRO · PÁG. 49
De 107 contratos por $353.878 millones, 101 fueron directos y no hay evidencia disponible de entregables ni supervisión.

Programa y alianzas verificables

Minculturas documenta alianzas con universidades públicas para formación artística y musical, convocatorias de formadores, instituciones atendidas y muestras territoriales. Su informe de gestión 2025 reporta continuidad con siete universidades.

La ley distingue modalidad y desempeño

La Ley 1150 permite contratos interadministrativos directos cuando las obligaciones guardan relación con el objeto de la ejecutora. Eso no prueba que cada convenio sea idóneo; pero la falta de archivos en una consulta no autoriza afirmar que no existen entregables. Deben revisarse los expedientes uno por uno.

LECTURA JUSTA

El agregado de 107 contratos y 93,4% debe publicarse con IDs y consulta reproducible. La pregunta decisiva no es solo si hubo comparación de ofertas, sino si la causal directa era aplicable, los costos eran razonables y los productos y beneficiarios quedaron acreditados.

41 / FONDOS MIXTOS

Operación nacional comprobable,
intención electoral no probada

VeredictoDato + insinuaciónLos convenios existen; el nexo con fines electorales no aparece demostrado.
LO QUE DICE EL LIBRO · PÁGS. 49–50
Boyacá, Nariño y Valle recibieron 29 contratos directos por $168.827 millones para programas nacionales, con baja trazabilidad y presuntos fines electorales.

Hay actuaciones rastreables

Documentos oficiales muestran, por ejemplo, el convenio 0840-2025 con el Fondo Mixto de Boyacá y el 0798-2025 con el Fondo Mixto de Nariño, junto con convocatorias, cronogramas y productos culturales. Que un operador departamental ejecute alcance nacional es una decisión auditable, no una anomalía automática.

El salto está en la intención

El libro no anexa la lista de 29 contratos, la consulta que produce los tres subtotales ni una evidencia que conecte selección de beneficiarios, calendario o actores políticos con fines electorales. Tampoco identifica cuál requisito legal habría sido eludido en cada convenio.

LECTURA JUSTA

La concentración en tres fondos merece comparar costos administrativos, cobertura, subcontratación, supervisión y resultados. Sin esa matriz, “presuntos fines electorales” funciona como carga retórica: plantea una hipótesis grave sin aportar su prueba.

42 / FONTUR

Demanda no es pérdida,
provisión no es ocultamiento

VeredictoComparación inválidaPretensiones y provisiones responden a conceptos contables distintos.
LO QUE DICE EL LIBRO · PÁG. 50
A FONTUR le demandan $257.561 millones y solo provisiona $19.228 millones; además, 83 embarcaderos pagados nunca se instalaron.

La brecha no prueba subregistro

La Contaduría exige clasificar cada proceso según probabilidad de pérdida: obligaciones posibles se revelan como contingentes y solo las probables se provisionan, medidas por valor esperado y presente. Comparar toda pretensión con la provisión y llamar “descuadre” a la diferencia omite esa regla.

El estado físico necesita corte

DIMAR reportó en 2025 que FONTUR y Cotecmar construían 83 embarcaderos para instalar en 81 municipios de 26 departamentos. Eso confirma el proyecto y el retraso posible, pero contradice la idea de estructuras sin beneficiarios definidos. Falta enlazar el informe de Contraloría, permisos, actas de recibo y estado municipio por municipio al corte de 2026.

LECTURA JUSTA

Puede haber mala estimación del riesgo o un fracaso de instalación; ambas cosas requieren documentos específicos. Las dos restas del titular no las prueban. Tampoco puede afirmarse que cada peso reclamado dejará de invertirse: una pretensión puede ser rechazada, conciliada o reconocida parcialmente.

43 / ANI

Más controversias reales,
un total todavía ambiguo

VeredictoNo reproducibleLos universos oficiales no coinciden y la causalidad requiere análisis caso a caso.
LO QUE DICE EL LIBRO · PÁGS. 50–51
La ANI pasó de 17 a 48 tribunales y de $9 a cerca de $20 billones en reclamaciones por inseguridad jurídica entre 2022 y 2026.

El aumento sí preocupa

La ANI reconoció cerca de 41 procesos arbitrales en enero de 2025 y creó un comité para revisar causas, pretensiones y estrategia de defensa. Su resolución muestra numerosas notificaciones nuevas entre 2020 y 2024, con cuantías altas e indeterminadas.

Activo, notificado y acumulado no son iguales

Una auditoría eKOGUI reportó 22 arbitrajes activos al 31 de diciembre de 2025. Esa cifra no refuta automáticamente “48”, pero obliga a explicar si el libro suma procesos terminados, nuevos o históricos. Tampoco demuestra que peajes, vigencias futuras o cambios económicos causaran todos los litigios.

LECTURA JUSTA

Las pretensiones miden lo reclamado por las partes, no una obligación cierta ni dinero ya perdido. Para sostener $20 billones y el aumento de 182% se necesita un inventario con expediente, fecha de inicio y cierre, cuantía, causa, estado, provisión y resultado de cada tribunal.

44 / FINDETER

El deterioro es real,
la pérdida no está cerrada

VeredictoSustento parcialCrédito y mora confirmados; negligencia originaria y pérdida total no demostradas.
LO QUE DICE EL LIBRO · PÁGS. 51–52
Findeter prestó $328.000 millones a Air-e sin soporte técnico suficiente y ese dinero público puede perderse definitivamente.

Exposición y provisión verificables

Los estados financieros auditados de Findeter identifican tres créditos por $328.000 millones, 332 y 175 días de mora al cierre de 2025 y provisiones de capital por $169.871 millones, además de intereses. La entidad reconoció el deterioro y mantuvo seguimiento con la Superfinanciera.

La conclusión va más lejos

El documento auditado afirma que la Superfinanciera aceptó las explicaciones sobre la garantía sin comentarios adicionales y pidió actualizar el riesgo en 2026. El libro no enlaza el informe que probaría ausencia de soporte en la aprobación. Air-e estaba bajo toma de posesión y administración temporal; no había dejado de existir.

LECTURA JUSTA

Es una alerta financiera fuerte: la cartera está deteriorada y la recuperación es incierta. No es todavía correcto convertir toda la exposición en pérdida definitiva ni afirmar gestión irresponsable sin publicar el expediente crediticio, las garantías, el modelo vigente al aprobar y las recuperaciones posteriores.

45 / TRABAJO

Debate constitucional legítimo,
nulidad aún no decidida

VeredictoProceso abiertoHay fundamentos y límites enfrentados; el silencio legal no resuelve el caso.
LO QUE DICE EL LIBRO · PÁGS. 52–53
Los decretos 234, 581 y 720 reglamentaron asuntos descartados por el Congreso y evidencian exceso de potestad reglamentaria.

Los decretos sí tienen bases invocadas

El 234 cita Constitución, Código Sustantivo y convenios OIT; el 581 desarrolla reglas sobre intermediación ilegal con apoyo en el Código y la Ley 1610; el 720 cita expresamente la Ley 2466, el artículo 486 del Código y límites de legalidad. Que la reforma no ordene cada decreto no elimina por sí solo la competencia reglamentaria.

La competencia tampoco es ilimitada

El Consejo de Estado sostiene que esta potestad nace directamente de la Constitución y no necesita concesión legal expresa, pero no puede modificar la ley ni ocupar materias reservadas al Congreso. Determinar si negociación sectorial, medidas preventivas o tercerización cruzaron ese límite requiere comparar artículos concretos y resolver las demandas.

LECTURA JUSTA

El riesgo de nulidad es plausible, no un hecho consumado. Las tasas de desempleo e informalidad no demuestran que estos decretos destruyeran empleo: para ese nexo harían falta implementación, fechas, sectores afectados y un diseño causal.

46 / ESTÍMULOS CULTURALES

Asignación no es pago inmediato,
pendiente no siempre es mora

VeredictoSalto temporalEl derecho puede existir; faltan exigibilidad, requisitos y vencimiento.
LO QUE DICE EL LIBRO · PÁGS. 53–54
4.238 de 7.245 ganadores tenían pendientes $84.509 millones, creando mora, intereses y riesgo de demandas.

Una obligación que debe seguirse

Las plataformas oficiales publican convocatorias, resoluciones y estados. Un ganador seleccionado puede exigir que se cumplan los términos, y retrasos después de entregar documentos y vencer el plazo sí merecen reclamo y control presupuestal.

El agregado no acredita mora

El libro no entrega la base de 7.245 personas, fecha de corte ni condición de pago. Jóvenes por el Cambio 2026 preveía 625 reconocimientos por $10.000 millones y resolución hasta el 4 de agosto; presentar los 625 como pagos vencidos pocos días después confunde trámite con incumplimiento. También difiere de los $9.000 millones citados.

LECTURA JUSTA

Para medir el problema deben publicarse resolución, valor, documentos recibidos, fecha exigible, orden de pago, giro y causa de suspensión por beneficiario. Solo los pagos vencidos permiten calcular mora o exposición judicial; “pendiente” es un estado demasiado amplio.

47 / DEFENSA

La crisis territorial existe,
las series no están conciliadas

VeredictoNo reproducibleInventarios sin ficha técnica y registros de víctimas con dimensiones mezcladas.
LO QUE DICE EL LIBRO · PÁGS. 54–55
Un déficit de $14 billones y aeronaves inmovilizadas redujeron la respuesta estatal mientras crecieron grupos armados, reclutamiento, confinamiento y desplazamiento.

Hay deterioro humanitario comprobable

La Unidad para las Víctimas y la Defensoría documentan desplazamientos y confinamientos graves durante 2025; el Ministerio de Defensa mantiene series oficiales de criminalidad, operaciones y afectaciones. La situación exige evaluar recursos, alistamiento y control territorial.

Comparar exige una misma unidad

El libro no enlaza informe, fecha ni definición de “operativa” para MI-17, UH-60 y FAC. Además presenta cifras de desaparición que parecen acumulados del RUV junto a flujos anuales de reclutamiento o desplazamiento. El RUV permite consultar por año de ocurrencia, declaración o inclusión; cambiar de dimensión altera radicalmente la comparación.

LECTURA JUSTA

La simultaneidad entre menor disponibilidad y más violencia es una hipótesis razonable, no una prueba causal. Se necesita una serie homogénea de horas de vuelo, misiones, mantenimiento y presupuesto, junto con eventos victimizantes por ocurrencia y territorio.

48 / HIDROCARBUROS

Conflictividad comprobable,
serie y responsables abiertos

VeredictoSustento parcialEl dato 2025 existe; la comparación histórica cambia según cobertura.
LO QUE DICE EL LIBRO · PÁGS. 55–56
Entre 2022 y 2025 hubo 6.273 bloqueos, 2,6 veces el cuatrienio anterior, con un máximo de 1.942 en 2024.

El impacto operativo es real

Campetrol y otros gremios reportan 1.363 bloqueos a operaciones durante 2025; Ecopetrol documenta cierres concretos, pérdida de producción y mesas institucionales. Empleo, producción y regalías pueden verse afectados de manera material.

La base no es uniforme

Una presentación de Campetrol reportó más de 1.318 eventos en 2024 y advirtió que faltaba Ecopetrol en el segundo semestre, mientras el libro usa 1.942. Sin definición de evento, empresas cubiertas, duplicados y fuente anual, no puede afirmarse una multiplicación exacta de 2,6. El conteo tampoco identifica corrupción, monopolios ni omisión sancionatoria.

LECTURA JUSTA

La alerta sobre vías de hecho es válida. Para atribuirlas a captura de rentas deben publicarse denuncias, investigaciones, exigencias y responsables por evento, separando protesta social, seguridad física, conflicto laboral e intermediación ilegal.

49 / JUSTICIA

Una denuncia sin inventario,
un marco que sí exige control

VeredictoNo reproducibleFaltan las licencias; la regulación contradice la idea de ausencia general de visitas y seguridad.
LO QUE DICE EL LIBRO · PÁGS. 56–57
Durante 24 meses se expidieron masivamente “Licencias Express” de cannabis y derivados de coca sin visitas en terreno ni protocolos de seguridad.

La norma exige controles concretos

El Decreto 811 de 2021 exige para licencias de cultivo de cannabis un concepto favorable de visita previa, registros fotográficos del terreno, plan de cultivo y protocolo de seguridad. También prevé visitas de seguimiento y trazabilidad. El listado oficial a marzo de 2026 identifica titular, resolución, modalidad y municipio.

El universo denunciado no aparece

El libro no publica número de licencias, actos, titulares, predios, fechas o modalidad, y usa “Licencias Express” sin definir una categoría normativa. También mezcla el régimen vigente de cannabis con autorizaciones sobre coca sin identificar el acto aplicable a cada supuesto cultivo.

LECTURA JUSTA

Puede haber visitas deficientes o controles posteriores insuficientes, pero eso debe probarse licencia por licencia. Sin inventario no se puede medir una expedición “masiva” ni sostener que las autorizaciones se concedieron sistemáticamente sin pisar el territorio.

50 / AIR-E

Crisis financiera comprobada,
responsabilidades por separar

VeredictoSustento parcialEl deterioro es fuerte; investigaciones, causalidad y riesgo operativo no están cerrados.
LO QUE DICE EL LIBRO · PÁG. 58
Air-e pasó de patrimonio positivo a negativo, acumuló pérdidas billonarias y quedó expuesta a quiebra y apagones tras la intervención.

La alerta financiera tiene base

La SSPD tomó posesión de Air-e el 11 de septiembre de 2024 y en enero de 2025 adoptó administración temporal. Su resolución reprodujo proyecciones del agente especial: pérdida neta cercana a $1,46 billones para 2024 y $2,57 billones para 2025, con margen operacional de -49%.

Proyección, auditoría e investigación no son lo mismo

La propia auditoría interna de la SSPD encontró información incompleta en flujo de caja y presupuesto de los informes de seguimiento. El libro no enlaza los dictámenes que permitirían repetir patrimonio, deterioros y abstenciones, ni actuaciones judiciales que conviertan denuncias sobre pagos en responsabilidades establecidas.

LECTURA JUSTA

La crisis y el riesgo para la continuidad merecen máxima vigilancia. “Quiebra” y “apagón” son escenarios, no resultados ya ocurridos; deben evaluarse con caja, deuda con agentes, compras de energía, subsidios, tarifas y decisiones de la intervención en una misma fecha de corte.

51 / SANTURBÁN

Una metodología discutible,
desacato aún por decidir

VeredictoProceso abiertoEl acto existe; su compatibilidad con el fallo requiere control judicial y técnico.
LO QUE DICE EL LIBRO · PÁGS. 58–59
La delimitación progresiva fragmenta Santurbán, desconoce la Sentencia T-361 y compromete el agua de 2,5 millones de personas.

La obligación constitucional es exigente

La T-361 anuló la delimitación de 2014 por participación insuficiente y ordenó un nuevo proceso previo, amplio, deliberativo y eficaz. La Resolución 863 de 2026 creó una metodología progresiva para municipios que ya habían concertado los seis temas ineludibles.

El efecto no se presume por el nombre

MinAmbiente sostiene que la metodología no fragmenta el ecosistema ni reduce su protección y publicó el proyecto de Santurbán para comentarios. El libro afirma lo contrario, pero no aporta en esas páginas un análisis cartográfico comparado ni una decisión del juez que declare incumplida la sentencia.

LECTURA JUSTA

El momento de expedición y el cambio de criterio merecen escrutinio. Para concluir desacato, captura corporativa o aumento de exposición a metales se necesitan el acto definitivo, mapas, motivación, observaciones ciudadanas, respuesta institucional y pronunciamiento de cumplimiento.

52 / INNPULSA

Hallazgos reales,
calificación cambiada

VeredictoDato + sesgoLos controles fallaron; el libro endurece el concepto y mezcla etapas presupuestales.
LO QUE DICE EL LIBRO · PÁGS. 59–60
iNNpulsa comprometió 84,3% de $798.082 millones, ejecutó 22,8% y recibió concepto de incumplimiento material adverso.

La auditoría sí dejó alertas

La rendición oficial del patrimonio autónomo registra seis hallazgos administrativos, control interno “con deficiencias” y fallas en soportes, supervisión, beneficiarios y seguimiento de recursos. Es evidencia suficiente para exigir correcciones y verificar contratos inmóviles o anticipos.

La calificación publicada es otra

El mismo documento transcribe que la Contraloría emitió “incumplimiento material con reserva” y consideró conformes los programas evaluados salvo aspectos concretos; no dice “adverso”. Además, compromiso, obligación, desembolso y ejecución del beneficiario no son porcentajes intercambiables.

LECTURA JUSTA

La brecha entre recursos comprometidos y ejecutados es una señal de gestión, no prueba automática de que todo saldo venció o nunca llegó. Debe publicarse la matriz de $798.082 millones con contrato, fuente, vigencia, etapa, anticipo, producto y reintegro.

53 / SEIP

Costo total aún invisible,
proceso no improvisado

VeredictoAlerta válidaFalta una cifra consolidada; existen gradualidad, concertación y estudios de costos en curso.
LO QUE DICE EL LIBRO · PÁG. 60
Seis días antes del cambio de gobierno se reglamentó el SEIP sin costo total de implementación visible ni programación plurianual suficiente.

El vacío fiscal es verificable

El informe de gestión del Ministerio muestra que en 2025 se concertó la metodología y para 2026 se financiarían estudios de costos y análisis financiero integral. Eso confirma que, al expedirse los decretos, la cifra consolidada necesaria para diseñar la financiación seguía en construcción.

La política venía de antes

El SEIP fue reconocido por el Decreto Ley 0481 de 2025 y la reglamentación pasó por 17 comisiones técnicas, tres sesiones de la CONTCEPI y una de la Mesa Permanente de Concertación. Los decretos prevén implementación progresiva; la fecha final no equivale al nacimiento del sistema.

LECTURA JUSTA

El gobierno entrante necesita una línea base pública de estudiantes, dinamizadores, territorios, infraestructura, administración y fuentes plurianuales. Señalar ese faltante es válido; presentarlo como una estructura creada de último minuto omite casi dos décadas de construcción normativa y concertación indígena.

54 / QUÉ EXIGIR

El estándar debe valer para todos los gobiernos

01Fuente primaria enlazada

Informe, contrato, acto administrativo o base pública identificable.

02Fecha de corte explícita

Una cifra sin fecha no permite medir correcciones ni deterioros.

03Hecho separado de inferencia

La interpretación debe presentarse como tal, no disfrazada de dato.

04Derecho de respuesta visible

La versión de la entidad cuestionada debe aparecer junto al señalamiento.

55 / TRAZABILIDAD

Fuentes consultadas

Enlaces directos para que cualquier lector pueda repetir el contraste.

01Libro de la VerdadDocumento examinado · 52 casos de los capítulos II y III02DIAN · Comunicado 41 de 2020Origen del Fondo y aprobación del crédito03BID · Proyecto CO-L1245Fecha, monto y propósito del préstamo04Procuraduría · alerta DIAN 2024Retrasos, planeación y riesgo fiscal05Procuraduría · seguimiento DIAN 2025Prórroga propuesta hasta 202806DIAN · balance de agosto de 2025Versión institucional sobre ejecución y módulos07ANT · informe al 31 de julio de 2026Registro, título pendiente y entrega provisional08MinAgricultura · Decreto 0765Respuesta oficial sobre saneamiento y registro09Cámara · P.L. 076 de 2026Referencia al caso de los 537 predios10Fondo Mujer · cifras institucionalesBeneficiarias y programas al 30 de junio de 202611Procuraduría · requerimiento al FOMAGFallas persistentes informadas el 15 de abril de 202612Supersalud · informes mensuales PQRDRepositorio oficial de cifras y tasas por EPS13Corte Constitucional · Auto 007 de 2025Insuficiencia de la UPC de 202414IDEAM · balance anual 2025Cifra anual y comparación histórica15IDEAM · resumen técnico 2025Desglose regional y causas directas16FENOGE · IA-006-2026Cronograma y acceso al expediente SECOP II17Reporte de suspensión del director FENOGEFuente periodística; falta incorporar el acto disciplinario18Minsalud · Resolución 2733 de 2025Vigencias futuras para 60 proyectos hospitalarios19Minsalud · balance de infraestructuraVersión oficial sobre inversión y cobertura territorial20Función Pública · Decreto 1817 de 2015Requisitos especiales anteriores para superintendentes21Función Pública · Decreto 226 de 2026Nuevo régimen de requisitos y nominación22MinTransporte · ejecución presupuestalRepositorio oficial para precisar entidad, corte y concepto23Invías · Caminos ComunitariosConvenios terminados y productos físicos reportados24MinTIC · liquidación de Centros PotencIAAvance, giros y protección de saldos25ANH · Informe de Reservas 2025Gas, petróleo, reposición y vida de reservas26ANH · estadísticas de producciónSeries mensuales fiscalizadas por hidrocarburo27Función Pública · informe de empalmeInventario y criticidad de SIGEP, SUIT y FURAG28Función Pública · FURAG 2026Operación del reporte para más de 6.000 entidades29FonIgualdad · rendición de cuentasPresupuesto, contratación y pagos a abril de 202630MinIgualdad · ejecución presupuestalReportes mensuales 2023–202631ANI · estado del Canal del DiqueEIA, obras mayores y actividades de preconstrucción32ANLA · licenciamiento del Canal del DiqueExigencia del EIA y garantías ambientales33Procuraduría · convenio de pasaportesDemanda y cuestionamientos de control34Cancillería · auto del TribunalNegativa a suspender desembolsos el 27 de julio35MinCiencias · informe al CongresoEjecución del FIS al 30 de junio de 202636MinCiencias · Convocatoria 978$109.000 millones, fechas y resultados previstos37UPME · escenarios de conexión 2026Capacidad disponible y criterios de evaluación38UPME · Plan de ExpansiónRepositorio oficial de generación y transmisión39Mindefensa · Escudo Nacional AntidronesEstructuración, convocatoria y pruebas controladas40Gobierno · inversión antidronesProyección total y valor de la primera fase41MinHacienda · sobreadjudicación TESCambio del máximo de 50% a 100%42Banco de la República · tasas TESSeries históricas para comparar costo y plazo43MinCIT · contratación e informesContratos y supervisión publicados por vigencia44Colombia Compra · liquidación contractualRegla y excepción para servicios profesionales45Minsalud · Equipos Básicos de SaludInversión, equipos, cobertura y observatorio46Minsalud · rendición EBS 2026Familias atendidas e inversión proyectada47Contraloría · auditoría a MinViviendaMuestra contractual, Hallazgo 14 y respuesta institucional48SECOP II · RTVC-CD-3316-2025Expediente y valor inicial del contrato49RTVC · régimen y contrataciónDiferencia entre funcionamiento y negocios misionales50Consejo de Estado · Decreto 802Suspensión cautelar de traslados a la UNGRD51UNGRD · transparenciaPresupuesto, contratación e informes institucionales52Procuraduría · Convocatoria 46Riesgos preventivos sobre $630.000 millones53Cancillería · informe al CongresoCasas Colombia ejecutadas y en formulación54Cancillería · Casa Colombia BerlínInversión, objetivo y metas declaradas55Cancillería · informe de consuladosDemanda, déficit de personal y medidas operativas56Contraloría · auditoría USPEC e INPECInfraestructura, cupos, salud, alimentación y supervisión57USPEC · respuesta institucionalAlcance controvertido de los hallazgos y medidas adoptadas58Reporte sobre auditoría penitenciariaFuente periodística para el agregado de $78.493 millones59Contraloría · auditoría a FonviviendaApropiación, compromisos, obligación y pagos de 202560XM · proyectos en operaciónEntradas de generación y transmisión durante 202661CREG · riesgo energético 2026–2027Demanda, energía firme, térmicas y exposición financiera62IDEAM · actualización de El NiñoProbabilidades sujetas a revisión por fecha de corte63Corte Constitucional · Auto 1017 de 2026Inspección judicial del cumplimiento de la T-30264ICBF · informe de gestiónProductos, cobertura y atención reportada en La Guajira65Reporte de la advertencia a FONIGUALDADFuente periodística; falta publicar el oficio íntegro de Contraloría66Prosperidad Social · contrataciónRepositorio institucional para localizar el Convenio 350 de 202567Función Pública · Decreto 092 de 2017Competencia y convenios con entidades privadas sin ánimo de lucro68DNP · CONPES 4181Infraestructura educativa, metas y vigencias hasta 203669MinEducación · FFIENaturaleza, objeto y convocatorias del Fondo70DNP · CONPES 4188Plan de Formación Integral, fases, metas y financiación71DNP · balance de formación integral$2,04 billones y 3,65 millones de estudiantes hasta 203672DNP · convocatorias OCAD PazSesión 92, saldos y reglas posteriores de asignación73Ley 2056 · reglas del OCAD PazPriorización, aprobación y concepto sectorial74MinAmbiente · regalías 2025–2026Convocatorias y resoluciones de aprobación75MinAmbiente · listado de elegiblesOrden por puntaje y ausencia de obligación de financiar76Reporte de investigación sobre AREMCAFuente periodística; investigación no equivale a condena77Datos Abiertos · contratos SECOP IIBase oficial para reproducir agregados de entidad, proveedor y valor78Ley 1150 de 2007Causal y condiciones de la contratación interadministrativa directa79Minculturas · informe de gestión 2025Universidades aliadas, cobertura y continuidad de formación artística80Minculturas · información contractualRuta oficial a los expedientes y criterios de consulta SECOP81Minculturas · Afrocolombias 2025Convocatoria ejecutada mediante convenio con el Fondo Mixto de Nariño82Contaduría · guía de procesos judicialesProbabilidad, pasivo contingente, provisión y valor esperado83DIMAR · transporte marítimo 2025Construcción y destino territorial de 83 embarcaderos FONTUR84ANI · Resolución 0865 de 2025Procesos, notificaciones, pretensiones y comité de seguimiento arbitral85ANI · auditoría eKOGUI 202522 arbitrajes activos al 31 de diciembre de 202586Findeter · estados financieros auditados 2025Créditos Air-e, mora, garantías, provisión y seguimiento supervisor87Superservicios · Resolución 04725 de 2025Administración temporal y diagnóstico financiero de Air-e88Decreto 234 de 2026Negociación colectiva unificada y fundamentos invocados89Decreto 581 de 2026Tercerización e intermediación laboral ilegal90Decreto 720 de 2026Medidas preventivas de inspección laboral y límites declarados91Consejo de Estado · potestad reglamentariaNo requiere habilitación expresa, pero no puede alterar la ley92SINAC · Jóvenes por el Cambio 2026625 reconocimientos, $10.000 millones, cronograma y forma de pago93Minculturas · consulta de resultadosEstados, resoluciones y seguimiento de propuestas ganadoras94Mindefensa · información estadísticaSeries oficiales de criminalidad, operaciones y afectaciones95Unidad para las Víctimas · RUVMetodología y dimensiones para consultar hechos victimizantes96Campetrol · propuestas sectoriales 20261.363 bloqueos reportados durante 202597Campetrol · panorama de conflictividad 2024Más de 1.318 eventos y advertencia de cobertura incompleta98Decreto 811 de 2021 · cannabisVisita previa, seguridad, terreno, trazabilidad y seguimiento99MinJusticia · licencias vigentes a marzo de 2026Titular, acto, modalidad y localización de licencias de cannabis100Superservicios · seguimiento a intervencionesInformes, flujos de caja y vacíos de monitoreo de Air-e101MinAmbiente · metodología progresivaAlcance declarado de la Resolución 863 de 2026102Corte Constitucional · Sentencia T-361Participación y condiciones para delimitar Santurbán103Fiducoldex · rendición de iNNpulsaConcepto con reserva, control interno y seis hallazgos104Ley 2294 de 2023 · iNNpulsaObjeto, recursos y unificación del patrimonio autónomo105MinEducación · reglamentación del SEIPDecretos, concertación e implementación progresiva106MinEducación · estudios de costos del SEIPMetodología 2025 y financiación del análisis en 2026

Nota de independencia: una comunicación institucional prueba que la entidad hizo esa afirmación; no confirma automáticamente cada acusación. Cuando falta el acto o informe primario, lo indicamos y dejamos el veredicto abierto.

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Sobre este proyecto

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